Reforma al Poder Judicial

La controvertida reforma al Poder Judicial en México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra. A partir del próximo año, los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en unas elecciones.

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, los senadores del bloque oficialista consiguieron los votos necesarios para aprobar los cambios a la Constitución en medio de un fuerte debate con la oposición.

El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas. Se ha votado en medio de un inédito paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial.

Y su discusión en el Senado se vio interrumpida por la entrada de manifestantes al edificio legislativo.

¿De qué se trata la Reforma y cuáles serán los cambios?

La iniciativa propone que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. En total, más de 1.600 cargos judiciales irían a las urnas, a los que podrán postularse miles de abogados. La primera elección de todos estos cargos judiciales se realizaría en junio de 2025.

La propuesta plantea además una reforma al CJF, el órgano encargado de la administración de la judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces, a excepción de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral. Se propone crear por separado un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.

Otro de los cambios más importantes es la eliminación de las dos salas del Supremo, en las que se despachan asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, para que todo se resuelva en el pleno.

Reducción de la Corte

La reforma oficialista propone una Suprema Corte integrada por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales. La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa establece que el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Supremo a otros 10 (tras conseguir el voto aprobatorio de seis integrantes del pleno) y el Congreso a 10, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara). Los nuevos ministros durarán en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan).

Los ministros actuales perderían su nombramiento en el momento en que los nuevos jueces tomen posesión del cargo, el 1 de septiembre de 2025, tras la votación ciudadana.

Tribunal de Disciplina Judicial en lugar del Consejo de la Judicatura:

El nuevo Tribunal de Disciplina judicial estará integrado por cinco magistrados que durarán en su cargo seis años. Las propuestas de candidatos para este Tribunal se harán de manera parecida a la que regirán las postulaciones a la Suprema Corte. Su presidencia rotará dos años y será definida en una votación por los propios integrantes de su pleno. El Tribunal podrá investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus sentencias no se ajusten “a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia”. Las sanciones posibles incluyen la amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación. Estas últimas dos sanciones no aplicarán para los ministros de la Corte, en cuyo caso, el Tribunal deberá pedir a la Cámara de Diputados el inicio de un proceso de desafuero. El Tribunal podrá presentar ante la Fiscalía denuncias adicionales.

Diversos especialistas coinciden en la necesidad de cambiar al actual Consejo de la Judicatura Federal, mas no de eliminarlo.

Jueces sin rostro

Legisladores de Morena atendieron la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a la reforma la figura de los “jueces sin rostro” ante casos de delincuencia organizada. Esto aunque especialistas alertaron sobre los malos antecedentes de la aplicación de este esquema en otras naciones.

Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.

Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda "humanista".

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