Licitaciones públicas, ¿Cómo se llevan a cabo?

¿Cuál es el marco jurídico que regula las licitaciones públicas?

El tercer párrafo de nuestro artículo 134 constitucional establece que: Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo, el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

• Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
• Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
• La Fiscalía General de la República;
• Los organismos descentralizados;
• Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y
• Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

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Proceso de licitación

El capítulo segundo de la ley antes mencionada se refiere específicamente a la licitación pública y su proceso. Así, de acuerdo con el artículo 28, las licitaciones públicas pueden ser de carácter nacional, internacional bajo la cobertura de tratados o internacional abierta.

La convocatoria es la primera etapa de las licitaciones públicas, en esta fase se deberán establecer las bases para desarrollar el procedimiento y los requisitos para participar. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley, la convocatoria debe contener, entre otros, los siguientes requisitos:

• Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;
• Descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como el objeto y alcance de la contratación;
• Fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo para la firma del contrato;
• Establecer si la licitación será presencial, electrónica o mixta;
• Forma en la que se deberán presentar las proposiciones;
• Carácter de la licitación e idioma(s) en que podrán presentarse las proposiciones;
• Requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento;
• Criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos;
• Domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades;
• Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, y
• Modelo de contrato al que para la licitación se sujetarán las partes.

Posteriormente, en la junta de aclaraciones, los funcionarios del área requirente y de la convocante pueden aclarar, modificar, precisar o suprimir los requisitos de las bases del concurso en sus aspectos técnico, administrativo, legal y financiero, así como el clausulado del contrato que se estipula.

En la fase de presentación de propuestas, se entregan los requisitos solicitados en la convocatoria con las formalidades específicas, ya sea de manera física, electrónica o ambas; para que se realice la evaluación cualitativa de proposiciones, que se refiere a un análisis técnico y económico de cada una de las proposiciones, conforme a los criterios de evaluación contenidos en la convocatoria.

Una vez realizado este análisis de las propuestas, la convocante emitirá un fallo en términos del artículo 37 de la Ley, y el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta haya resultado solvente, en razón de que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y garantiza el cumplimiento de sus obligaciones.

Corrupción en las licitaciones públicas

De acuerdo con la revista Forbes, en América Latina se han detectado actos de corrupción en procesos de licitaciones públicas sin que se violen las normas establecidas; esto se debe a que las “mafias organizadas” se aprovechan de la excesiva carga regulatoria para aumentar costos, desbancar a otros competidores o recibir gratificaciones.

Sobre este problema, Fabricio Feliciani, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), dice que la disminución de los costos en las licitaciones y compras públicas puede indicar el éxito y transparencia en estos procesos.

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Fuentes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Licitaciones. Etapas de la licitación

María Fernanda Navarro, Revista Forbes. La corrupción en licitaciones ocurre sin que siquiera se viole el marco legal: ONU