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Autor: Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C.

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El Sector Fintech y la Circular 4/2019 de Banco de México

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La recién publicada Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, clasifica a las Instituciones de Tecnología Financiera como un riesgo emergente para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La recién publicada Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, clasifica a las Instituciones de Tecnología Financiera como un riesgo emergente para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por ello se deben aplicar medidas de supervisión, inspección y vigilancia reforzadas. Asimismo, la Evaluación considera que la regulación de estas instituciones es robusta y cumple con los estándares mínimos del Sector Financiero, a través de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como Ley Fintech) y su normatividad secundaria, como la Circular 4/2019 emitida por nuestro Banco de México.


Sin embargo, en aras de proteger al Sector Financiero, se ha incurrido en una incongruencia jurídica, pues la denominada Ley Fintech regula y permite las operaciones directas entre las instituciones con el público en general; no obstante, las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera en las operaciones que realicen con activos virtuales”, emitidas por Banxico en la Circular 4/2019, solamente posibilitan a las instituciones a realizar operaciones internas previa aprobación del propio Banco; es decir, no pueden ofrecer ciertos servicios directamente a sus clientes.


La Circular del Banxico limita el ámbito de aplicación de una Ley Federal.


De esta manera, un instrumento normativo de menor jerarquía (la Circular del Banxico) limita el ámbito de aplicación de una Ley Federal. Esta situación es contraria al principio de legalidad y jerarquía normativa. Aunado a que, a cambio de dicha limitante, se permite a entidades no financieras la formalización de servicios como el intercambio o compraventa de activos virtuales, lo que implica un relajamiento en la regulación.




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